La voz discordante ha sido la de la diputada centro liberal Unión por la Democracia de Francia (UDF), Christine Boutin, que ha denunciado la "quita esencia del pensamiento único y de la esclerosis intelectual". Por su parte, la presidenta del neogaullista Reagrupamiento Por la República (RPR), Michelle Alliot-Marie, que había mostrado su total oposición al sistema de cuotas, se ha ausentado durante la votación. Chevenement ha subrayado que "la paridad es una verdadera revolución cultural" en la tribuna de la cámara de diputados al presentar el texto y lo ha calificado como "una corriente de aire puro en nuestras instituciones".
El texto gubernamental, que podrá ser aplicado en las próximas elecciones municipales del 2001, establece que los partidos deberán presentar un número igual de hombres y mujeres en sus listas con una diferencia máxima de uno.
En cuanto a la distribución de hombres y mujeres dentro de las listas, la futura norma deja libertad de las elecciones legislativas, mientras que tanto en las senatoriales -mediante sufragio indirecto cada nueve años- como en las europeas fija un riguroso orden de alternancia entre sexos.
El sistema para las municipales establece que la distribución paritaria se haga por tramos de seis candidatos. Cada uno de esos tramos, por tanto, deberá estar compuesto por tres hombres y tres mujeres, sin importar el orden.
Este mecanismo ayudaría a aumentar automáticamente el número de mujeres elegidas para las corporaciones locales por encima del 40%, según los cálculos del Ministerio del Interior y hechos públicos por el Observatorio de la Paridad.
Sin embargo, y este punto es muy criticado por el sector feminista más duro de la izquierda, el reparto de puestos en las listas de los comicios legislativos sólo garantizaría que las mujeres representen un cuatro del total de elegidos en las urnas, ya que nada impide a los partidos políticos situar a todas las candidatas en la cola. Además la diferencia máxima entre sexos permitida en una misma lista a las legislativas es del 2%.
Los partidos que no cumplan este sistema de cuotas serán penalizados económicamente con recortes en los fondos que reciben del Estado en concepto de financiación de partidos. Así, por ejemplo, si la diferencia entre sexos alcanza el 20% el partido en cuestión verá reducida su financiación en un 10%, esto es, en la mitad de la diferencia detectada.
